Bienvenido 2011!!

Andrés Villar Narro

En la modorra del último mes del año, considero importante compartir algunas opiniones respecto al próximo escenario electoral del año venidero, a fin de cuentas, de ello depende no sólo los buenos deseos para el 2011, sino para los próximos cinco años.

En nuestra opinión, y en la fotografía del momento, el pase a la segunda vuelta electoral nacional se definirá entre Solidaridad Nacional, Perú Posible y Fuerza 2011, el cuarto lugar lo podría detentar sin problemas Gana Perú (única bancada opositora que tendrá el próximo legislativo), Alianza para el Gran Cambio y el Apra estarán a continuación, y Fuerza Social pagará caro la ruptura de sus alianzas.

Solidaridad Nacional, es una organización política que se encuentra en proceso de organización y campaña electoral hace más de 10 años, participó de las elecciones del año 2000, y en determinado momento logró calar en el electorado, fueron los métodos fujimoristas los que no le permitieron seguir posicionándose y en esa oportunidad se desinfló; a éste proceso electoral llega con mayores argumentos, por eso discrepo de aquellos que consideran que no peleará su ingreso a la segunda vuelta, ésta vez será muy complicado desinflar a Castañeda; las escaleras solidarias, los Hospitales de la Solidaridad, los Programas de Educación Solidaria, y ahora último el Metropolitano, son resultados muy importantes mirados con simpatía y reconocimiento a nivel nacional. Considero que las denuncias de corrupción son los gajes de postular a la presidencia, creo que es un candidato que muestra eficiencia en la gestión pública, primero en el IPSS, y ahora último en la Municipalidad más importante del país.

Perú Posible, con Alejandro Toledo, goza de una importante simpatía sobre todo en los sectores de la clase laboral estatal con quienes cumplió aumentando sus remuneraciones, significa la continuidad del modelo económico seguido por el Fujimorismo, pero que utiliza al mismo como su principal carta de presentación; su nivel de organización es muy débil; sin embargo, presenta la alianza electoral más seria de ésta contienda (Acción Popular y Somos Perú), la misma que le sumará organización a la figura ya legitima del candidato presidencial, aunque por los proclamados vicepresidentes, sus aliados no tienen mucha incidencia en las candidaturas de la alianza.

Fuerza 2011 con su candidata KeiKo Fujimori, han demostrado un importante activismo desde 1990, es una organización política con mucho arraigo popular, que muestra como éxito la política antiterrorista de su Padre, y plantea utilizar la misma para combatir la inseguridad ciudadana; no se alió con ninguna organización política y tiene como mayor debilidad los evidentes actos de corrupción con los que gobernó su padre.

Gana Perú, la alianza del PNP liderada por Ollanta Humala, es la organización política que más ha perdido en el último tramo, fue la segunda fuerza electoral en las elecciones anteriores alcanzando más de cuatro millones de votos; sin embargo, esa importante fortaleza no la ha sabido mantener hasta el presente, y a pesar que muestra una interesante plancha presidencial, en mi opinión una de las mejores del presente proceso, será la organización que tiene como desafío detentar la mejor estrategia para lograr entrar a la segunda vuelta.

Permitiéndonos discrepar con analistas importantes a nivel nacional, Alianza para el
Gran Cambio de PPK y el Apra con Mercedes Araoz, no pasaran de ser unas candidaturas con mucho flash, pero sin oportunidades de pasar a la segunda vuelta.

Fuerza Social, la organización política que entusiasmó a muchos peruanos luego de su triunfo en la Alcaldía de Lima, se presentó como una organización que representaba una izquierda moderna e inclusiva; y que confesamos, nos despertó una simpatía singular luego de su primer congreso, cuando decidió afrontar las elecciones naciones independientemente; ello pues creí, que construían un esfuerzo político para el futuro, asegurando la Municipalidad de Lima como escenario para demostrar lo que tengan que presentar en las próximas elecciones nacionales, y con la expectativa de contar con una bancada parlamentaria que le permita tener vigencia. Desafortunadamente, lo escrito sólo lo creí yo, FS impulsó primero un proceso de alianzas intentando afirmar su rostro tolerante con el MNI, TyL y el Partido Fonavista; sin embargo, ello se hiso con el único fin de aislar la candidatura de Ollanta Humala, una soberbia explicita que termino desasiendo la alianza; y por ello tendrá muchas dificultades para que Rodríguez Cuadros logre posicionar una candidatura que pase la valla electoral.

Luis Castañeda, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK, Mercedes Araoz, y Rodríguez Cuadros, defenderán por todos los medios posibles el “Crecimiento Económico”, un modelo que si bien nos ha llevado a tener condiciones económicas que han permitido al país una considerable estabilidad, trae consigo abusos significativos a la población, la renta básica de Telefónica del Perú; la competencia desleal del acuerdo comercial con EEUU; la precariedad laboral que no solamente se da en el sector privado, sino que a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente 3818-2009-PA/TC, desconoce la estabilidad de todos aquellos trabajadores que dedicaron su vida laboral al Estado y ahora bajo el régimen CAS, se han quedado literalmente en la calle; los contratos de estabilidad de las industrias extractivas; la venta, por no escribir regalo, de nuestros principales puertos comerciales a chilenos, y con ello la pérdida de nuestra soberanía económica y política, son inocultables ejemplos de lo negativo del modelo económico imperante desde 1990; de ellos, en nuestra opinión desataca Castañeda por ser el candidato con posibilidades presidenciales que todavía no ha gobernado y el candidato que tiene menores compromisos con grupos de poder; pues Toledo, el Fujimorismo, PPK y el Apra, tiene evidentes compromisos con grupos económicos chilenos y norteamericanos.

La propuesta alternativa del venidero proceso electoral, es sin duda la que lidera el comandante Ollanta Humala, desafortunadamente la desastrosa participación de sus congresistas, la inadecuada estrategia de fortalecimiento del PNP, las viejas taras de los partidos y líderes de la izquierda “clásica” al pedir cupos como si fueran la panacea del frente único, y la soberbia de quienes creyeron que ganando la elección de Lima habían asegurado una presencia legítima en el plano nacional; una vez más, no han permitido alcanzar un espacio amplio de unidad, que presente una propuesta alternativa al modelo del crecimiento económico, y que plantee un modelo económico con justicia social; creo sin embargo, que su ubicación en el espectro electoral, le permitirá contar con una bancada que será la única que confronte en el próximo congreso de la república, pero que no logrará calar más, pues tenemos la impresión que el electorado no está mirando a lo alternativo, sino más bien al segmento que algunos denominan centro derecha.

APUNTES SOBRE LA ELECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

A varios días de saberse con mayor exactitud los resultados finales del proceso electoral regional, y desde luego; con el intento de la mayor mesura, siento la necesidad de compartir algunas ideas sobre lo que considero es una evaluación del escenario electoral del presente año.

Coincido con las personas que sostienen que el triunfo de Gregorio Santos, es el resultado del trabajo de varios de años de campaña electoral, y por consiguiente de un presupuesto significativo que le permitió hacer presencia física en toda la región, y cumplir en su totalidad con la campaña de pintas, papelería, spots radiales, televisivos, y virtuales; sin duda, un gran esfuerzo que le permitió obtener el triunfo electoral del 2010.

Sin embargo, para mi lectura, éste triunfo electoral sin bien tiene elementos de legitimidad, la población acepta el primer lugar de Santos Guerrero, no goza del apoyo mayoritario de los Cajamarquinos y Cajamarquinas, o del revestimiento de una apuesta de la población por una oferta contestatária de confrontación con el ejecutivo nacional, por presupuesto de las transferencias por ejemplo, o frente a determinados actores regionales como las empresas mineras.

Gregorio Santos, obtiene el primer lugar en las elecciones regionales de Cajamarca, por debilidad de sus adversarios electorales; realizó las acciones que tenía que realizar y sin gozar de la aceptación mayoritaria, se alzó con el primer lugar en primera vuelta, por que las demás agrupaciones políticas realizaron lo necesario a su favor. El MAS alcanza el triunfo en primera vuelta por 0.758%, pero en realidad obtiene la aceptación del 21% de la población que acudió a votar, superado por los votos nulos y blancos; adicionalmente a ello, si este porcentaje lo comparamos con el total de electores del departamento (874 695), disminuye al 18 %.

Fuerza Social, el partido de gobierno, demostró lo importante que es tener una organización sólida; y con el Frente Regional, no solamente se han disputado el segundo lugar de la elección, sino también la primera fuerza política de Cajamarca en gobiernos locales. Esta agrupación realizó acciones importantes para la campaña, candidatos en todo el departamento e inversión de recursos en publicidad, desafortunadamente la candidatura regional mostró muchas debilidades a la hora del posicionamiento de la candidata y a la hora de empoderar con su propuesta, tan es así, que si no se hubiera producido la anulación de 217 actas electorales; 90 de Cajamarca, 85 de Jaén, 23 de Hualgayoc, y 19 de Celendín por ejemplo, anulación que ha eliminando la votación de más 32 000 Cajamarquinos, seguramente no estaría en el segundo lugar de la elección; sin embargo participó bien, antes, durante, y después del proceso electoral.

El Frente Regional de Cajamarca, presentó la una fuerza organizativa interesante en la elección; sin embargo, no obtuvo los resultados provinciales que esperaba ( sólo ganó una provincia importante como Jaén, y otra en alianza como Cajabamba); avanzó de modo importante en el inicio del proceso electoral y logró conquistar a candidatos importantes en las provincias que participó, no logró tener candidatos en Contumaza y Santa Cruz donde su derrota fue abrumadora; durante la campaña propiamente dicha, desde el periodo de inscripción y el acto electoral, se demostró una profunda debilidad en la estrategia de comunicaciones y publicidad, escaza presencia en papelería y medios televisivos, y nula en medios radiales, a ello habría que sumarle su propuesta populista y sucinta en los rubros de educación y salud.

El Partido Aprista, otrora organización sólida en Cajamarca, participó a una persona de reconocible trayectoria, pero que por la tardanza en su llegada, sus confrontaciones internas y su mensaje exageradamente técnico no logró calar en el electorado.

Acción Popular, insistió con las candidaturas de la elección anterior; sin embargo, sus tres candidaturas principales perdieron el escenario ganado en las contiendas del año 2006, las provinciales de Cajamarca y Jaén, y la candidatura regional.

Las demás organizaciones participantes asistieron a éste escenario electoral, intentando publicidad para el futuro, o presencia para no ser eliminados del espectro electoral, pero sin ningún aporte significativo al mismo.

Del panorama analizando y bajo mi lectura, la nueva gestión Regional de Cajamarca, obtiene el primer lugar en la elección, ayudado por la debilidad de sus contendores; por consiguiente, tiene como tarea pendiente buscar el consenso del que no goza, buscar una mayor participación de la ciudadanía o de lo contrario, será un nuevo periodo con harta oposición y fuerte inversión de los recursos públicos en medios de comunicación.

LA PRUEBA PROHIBIDA Y SU TRATAMIENTO EN EL MARCO DEL NUEVO PROCESO PENAL

Víctor Andrés Villar Narro

La Prueba.

La prueba en sentido extenso y dentro el procedimiento penal, es todo aquello que puede servir de medio para formar convicción con relación a los hechos ilícitos que se investigan y juzgan; con los autores o participes, con la responsabilidad de los mismos, con su personalidad y con los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, la prueba viene a constituir todo medio que permita descubrir la verdad acerca de los hechos que son investigados y que se pretenden tipificar.
Para el recientemente desaparecido maestro de derecho penal y procesal Florencio Mixán Máss, la prueba debe ser conceptuada integralmente, es decir, como una actividad finalista, con resultado y consecuencia jurídica, que le son inherentes; y que procesalmente, “la prueba consiste en una actividad cognoscitiva metódica, selectiva, jurídicamente regulada, legítima y conducida por el funcionario con potestad para descubrir la verdad concreta sobre la imputación o, en su caso, descubrir la falsedad o el error al respecto, que permita un ejercicio correcto y legítimo de la potestad jurisdiccional penal”[1].

Esta relevancia de incorporación de la prueba al momento que el juzgador realice el juicio valorativo, no puede ser ilimitada e irrestricta; sino por el contrario, tiene que incorporarse y valorarse lícitamente, sin contravenir disposición normativa alguna.

La Prueba Prohibida.

La doctrina no ha concluido en una delimitación precisa o uniforme respecto a la definición de las pruebas obtenidas vulnerando derechos, contraviniendo normas de diferente jerarquía, o las que son obtenidas como resultado de acciones de ésta naturaleza.

Es así que, un sector de la doctrina clasifica a la prueba prohibida como la contravención a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política, y a la prueba ilícita como aquella que es obtenida vulnerando disposiciones normativas de menor jerarquía a la Constitución.

Otra clasificación que ha establecido la doctrina, es la concerniente a prueba irregular, defectuosa o incompleta, que se da mediante la inobservancia de formalidades (violación de regla procesal), que puede ser valorada en la medida que sea subsanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba prohibida, pero con la diferencia, que esta modalidad de prueba ilícita, no genera efecto reflejo, es decir, que su invalidez no alcanza a las que se pudieran deriva de ésta, siempre que se obtengan o se incorporen lícitamente.

La Prueba Prohibida en el Nuevo Código Procesal Penal.

El Artículo VIII° de Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, NCPP, establece que “Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo”, “Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona”; y, “La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio”.

Por lo que concluimos que para nuestro sistema procesal penal, la prueba ilícita o prueba prohibida, son sinónimos, si se les entiende como la prueba que ha sido originalmente obtenida mediante la violación de derechos constitucionales, así como también a la prueba que se deriva de ella. Es decir, bajo lo establecido en el Nuevo Código Procesal Penal nos referiremos a la legitimidad de la prueba, o a la prueba legítima o ilegítima.

Frente a lo que se puede conceptualizar como la ilegitimidad de la prueba o la prueba ilegítima, tendremos siempre latente el conflicto entre la averiguación de la verdad en el proceso penal y la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. Por lo que el NCPP mediante el artículo VIII° del título preliminar introduce una regla de exclusión o una prohibición de valoración probatoria.

La Regla de exclusión de la prueba tiene su origen en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal Norteamericano[2] en un caso conocido como Weeks v. US, asunto en el que el Tribunal declaró la inadmisibilidad como prueba de la correspondencia epistolar confiscada al acusado sin autorización judicial, sobre la base de que su incorporación y valoración implicaría una vulneración a las garantías contenidas en la IV Emnienda Constitucional.

El NCPP presenta una novedad con relación a la regulación procesal del sistema anterior, en el que no se hacía ninguna referencia a la ilicitud o ilegitimidad de la prueba; éste significativo aporte no solo es estipulado en el título preliminar, sino que es confirmado de modo exacto en el artículo 159° del citado cuerpo normativo, en lo sumillado bajo el título de utilización de prueba; significando ambos articulados, VIII° del Título Preliminar y 159°, como normas de carácter prohibitivo, que incorporan consecuencias derivadas de incumplimiento.

Con la aparición del modelo de Estado Constitucional de Derecho en el siglo XIX, la argumentación jurídica estuvo siempre encaminada a la defensa de los derechos fundamentales de la persona, o la argumentación PRO HOMINE, es decir en la argumentación pro hombre, o pro derechos del hombre; es así que la introducción de reglas de exclusión o la prohibición probatoria es propia de modelos de Estados que anteponen el respeto a los derechos fundamentales frente al poder penal estatal[3].

Este modelo adoptado por nuestro sistema procesal penal, lleva en la práctica a que una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales debe ser excluida del proceso como mecanismo tutelar de los derechos fundamentales; el NCPP ha avanzado en reconocer reiteradamente ésta regla, resaltándolo también en el caso de las pruebas atípicas; es así, que en el art. 157.1° se precisas que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por medio de prueba permitido por ley, añadiendo que “Excepcionalmente pueden acreditarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona”.

La regla de exclusión de la prueba ilegítima contenida en nuestro novísimo ordenamiento procesal penal impone dos momentos de prohibición, una prohibición de admisión y otra prohibición de valoración de las pruebas que se obtengan vulnerando derechos fundamentales.
La prohibición de admisión está referida, a que la regla de exclusión debe invocarse cuando la ilicitud se haya producido en el momento de la obtención de las fuentes de prueba; ello a su vez significa el análisis de tres escenarios, durante la labor de búsqueda, la identificación y el recojo de las fuentes de prueba; es decir tanto en la búsqueda, como en la identificación y en el recojo de pruebas, las actividades tienen que ejecutarse sin vulnerar ningún derecho fundamental de la persona. En este momento de la obtención de pruebas también se debe tener presente el actuar regular durante las diligencias de investigación penal y en el momento de la incorporación al proceso mismo.

Valoración y Efectos de la Regla de Exclusión de la Prueba Ilegitima.

En cuanto a la invocación de la regla de exclusión para la valoración, significa que las pruebas ilegitimas, aunque hayan pasado el filtro de la admisión al hacerse visibles conteniendo una vulneración de derechos no deben ser consideradas bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo a lo establecido, los efectos de la regla de exclusión en comentario, se presenta en tres escenarios, en la prohibición de su admisión, pues el juzgador deberá controlar la calidad constitucional de la prueba propuesta y declarar inadmisible aquellas que vulneran derechos fundamentales; la prohibición de valoración, concerniente a que en el caso de que la prueba ilícitamente obtenida hubiera pasado el filtro de admisibilidad ésta no deberá ser tomada en cuenta por el juzgador en el momento de formar su juicio valorativo; y la prohibición de la eficacia refleja, es decir que los efectos reflejos o pruebas que se obtengan (prueba derivada) como consecuencia de una obtenida con vulneración de derechos (prueba originaria) también deben ser considerados como pruebas ilegítimas.

Excepciones a la Regla de Exclusión.

Las excepciones a la regla de exclusión se han desarrollado a partir de dos campos o escenarios, el primero referido a excepciones a la prohibición de valoración de la prueba ilegítima; y el segundo escenario, concerniente a la excepción a la eficacia refleja.

En el primer segmento de clasificación de las excepciones, encontramos la excepción de buena fe, cuando la vulneración de derechos se realiza con creencia de que se actúa en el marco de la ley; la prueba ilícita en favor del imputado, pues la descripción hecha en el código procesal penal se limita a las pruebas de contenido incriminatorio, por lo tanto no excluye su actuación y valoración si va a coadyuvar para reconocer la inocencia del imputado; y lo que la doctrina a denominado los cursos de investigación hipotéticos, referidos a pruebas que su descubrimiento es inevitable.
En el segundo escenario de la clasificación propuesta, encontramos las excepciones a la eficacia refleja, y dentro de ellas a la excepción de fuente independiente, concerniente a la prueba derivada obtenida sin ningún tipo de conexión con la prueba ilícita inicial; la excepción de descubrimiento inevitable, ligada a los cursos de investigación hipotéticos cuando no cabe la exclusión de la prueba si la misma hubiera sido descubierta inevitablemente por una conducta respetuosa de los derechos fundamentales e independientes de la actuación inicial; la Excepción del nexo causal atenuado, excepción variante de la fuente independiente; y, la excepción de la conexión de antijuricidad, doctrina que establece que para el reconocimiento de la eficacia refleja no es suficiente con la existencia de la relación causal – natural entre la prueba ilícita y la prueba lícita derivada, sino que es necesario además la existencia de una conexión de antijuricidad.
Tratamiento Nacional de la Regla de Exclusión y sus Excepciones.

Es importante resaltar que la Constitución Política del Perú en el artículo 2°, numerales 10 y 24.h; aborda taxativamente la ineficacia probatoria de aquel medio que se obtenga vulnerando derechos; sin embargo, bajo el imperio del anterior sistema procesal penal, y conociendo casos públicos como los concernientes a los hechos de corrupción de Vladimiro Montesinos, Rómulo León y Alberto Quimper, entre otros, será la casuística la nota dominante de la aplicación de la reglas de exclusión y sus exepciones.

Por otro lado, en la actualidad se ha desarrollado en el seno de la jurisprudencia alemana la teoría de proporcionalidad (Verhaltnismassigkeitsprinzip), la misma que incluso dichos tribunales solo emplean excepcionalmente para aceptar las excepciones en casos estrictamente particulares y donde luego de una ponderación de derechos se resuelva admitir y posteriormente valorar una prueba prohibida.

En el caso nacional, el doctor Pablo Sánchez Velarde refiere que “las reglas de exclusión constituyen una opción política por parte de los Tribunales de Justicia – cuyo fundamento es la eficiencia del sistema penal, evitar la impunidad – las cuales se van adecuando y desarrollando conforme va evolucionando los criterios sociales. Siempre deben ser tomadas como excepciones, sin olvidar que en la noción de prueba, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho fundamental de presunción de inocencia”[4].

[1] MIXÁN MÁSS, Florencio. “Categorías y Actividad Probatoria en el Procedimiento Penal”. Ediciones BGL, Trujillo. Ed 1996. Pp 303.
[2] Aunque su antecedente inmediato es el caso Boyd v. US dictado en un asunto de carácter civil.
[3] Tal como vivimos en la década del Fujimorismo donde se violentaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de los procesados en un gran número de casos referidos a terrorismo.
[4] SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. ED IDEMSA. Ed 2009. Pp 242.

El Resultado de la Negación de un Caudillo

Andrés Villar Narro

Durante todo el año pasado, Marco Arana creyó que la política en el país se realizaba sumiendo su discurso político a un antagonismo por antagonismo, el mismo que en la práctica no es otra cosa que una oposición cerrada a todos quienes nos consideraba opositores, un conjunto de acciones encaminadas, nunca a disertar, sino más bien a deslegitimar la propuesta de cualquier actor que cuestionaba sus indecisiones o su debilidad en la propuesta.

Marco Arana, más allá de su formación eclesial, nunca ha tenido un discurso de conciliación que promueva un proyecto regional y nacional para el desarrollo, sino todo lo contrario, se equivocó y apelo solamente a la función directiva del lenguaje en todas sus alocuciones, nunca mostró la salida, solo se opuso a todo en el plano regional y local.

La historia de Europa en los últimos tiempos nos mostró que los partidos verdes no habían tenido éxito en conquistar el poder ejecutivo, y han tenido que refugiarse en el legislativo y desde allí intentar plantear algunas reivindicaciones ambientalistas; esa es la lectura acertada que realiza Zapata y que le propone como tabla de salvación a Arana.

Desafortunadamente las personalidades técnicas con solvencia profesional que abrigan los postulados de justicia social, de distribución equitativa de la riqueza, de igual, de libertad, y que se materializa en los enfoques de desarrollo social y desarrollo económico; siempre es incomodada hasta que se los logra retirar de los partidos que se llaman de izquierda, creo fundamentalmente por actitudes de personas que privilegian la confrontación ante el debate de propuestas, y valdría la pena preguntarse por qué Zapata ya no está en el Nacionalismo.
Estoy de acuerdo con que Ollanta no será protagonista en el próximo proceso electoral, en todo caso como se encuentra en la actualidad no, supongo que ello también lo estarán analizando al interior del Nacionalismo.

Finalmente sostengo, que la apelación de postulación al congreso de Arana y la candidatura de Susan Villaran a la Municipalidad de Lima, a quien le guardo reconocimiento, no pasaran de ser postulantes y no llegaran a ser animadores del proceso electoral, Fuerza Social tendrá muchas dificultades para pasar la valla electoral en el 2011, y por lo tanto Arana, que ahora se muestra como caudillo pigmeo de un feudo atomizado por el latifundismo político de la izquierda peruana, tiene muchas dificultades para llegar a ser congresista.

EL DESAFÍO DE LA UTÓPICA UNIDAD

Andrés Villar Narro

El destacado teólogo y filosofo Brasileño Fray Beto, cuando escribe sobre las utopías de América Latina, hace una apelación a no entender a las utopías como aquellos ideales soñadores que nunca serán parte de la realidad, sino más bien nos insta a ver en las utopías los objetivos y las metas fácticas hacia las cuales tenemos obligatoriamente que llegar para alcanzar el tan ansiado desarrollo.

Bajo estas ideas y frente al escenario de crisis y corrupción por el que atravesamos en el plano nacional y en el departamento de Cajamarca, todas y todos los que gozamos de sensibilidad social tenemos el desafío trabajar para alcanzar nuestras propias utopías.

Utopías que nos llevan necesariamente a creer en la política como ideal, ejercicio ético, moral, compromiso y trabajo permanente por construir “Una Región Nueva en un Nuevo Perú”, con líderes siempre al lado del pueblo organizado. Deslindado en todo momento de la violencia estatal y también de la violencia civil.

Tenemos el desafió de construir un proyecto político de inclusión regional, de amplia vocación descentralista, que busque edificar un Gobierno Regional y Gobiernos Locales que reconstruyan la economía regional y la economía de los espacios locales, buscando una sociedad regional con justicia, con democracia sin excluidos y progreso para las mayorías.

Necesitamos contar con un Estado solvente económicamente, donde sus diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local; tengan los recursos financieros suficientes para implementar sus proyectos de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Esto significa apostar por que la explotación de nuestros recursos naturales (minería, petróleo, gas, etc), sirvan para el desarrollo de nuestras regiones, provincias y distritos; y no se perpetué una extracción engañosa, abusiva, excluyente y corrupta como se viene haciendo en la actualidad. En Cajamarca se han descubierto más de 140 mil millones de dólares en reservas de minerales, los dejamos allí, los dejamos que los lleven las transnacionales y repartan las migajas a los gobernantes de turno, o planificamos juntos un extracción responsable y que asegure la ejecución de los principales proyectos para el desarrollo del departamento.

Necesitamos contar con un gobierno regional y gobiernos locales, que asuman su rol como promotores del desarrollo económico productivo impulsando un conjunto de políticas de promoción y protección al empresariado regional.

Debemos mantener la utopía de construir una verdadera unidad de la población, el deber de construir con las organizaciones populares y productivas, instituciones públicas, privadas y el empresariado emprendedor regionalista, una sociedad justa, auténticamente democrática, libre, de ciudadanos solidarios, en donde se recupere la concepción genuina de democracia. “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Este esfuerzo de unidad, tiene que cimentarse en la búsqueda de una unidad con la capacidad de construir el cambio para el desarrollo de Cajamarca y el país, ello exige capacidad técnica y experiencia para gobernar, y capacidad moral para garantizar transparencia y legitimidad, tenemos la utopía de buscar la unidad, que demuestre capacidad para el cambio.