Acuerdo Regional: Cajamarca al Bicentenario de la República

Víctor Andrés Villar Narro

A mediados del siglo XIX, Pardo y Aliaga se preguntaba qué era el Perú, “El Perú es una tesorería escueta y un pueblo imbécil que a sus pies vegeta”. Eso escribió alguien de la oligarquía como Felipe Pardo y Aliaga. La tesorería hay que agarrársela, se piensa. Este es un Estado que tenemos que aprovechar; el Estado patrimonio que no ha dejado de ser superado plenamente, el Estado como botín. Y bajo, una mancha de gente, un pueblo imbécil, no son ciudadanos. Son cualquier cosa, viven esperando ver cómo agarrarse la tesorería.

Habiéndose escrito estas frases hace casi ciento cincuenta años, pareciera que se hubieran escrito el día de ayer, y somos testigos anonadados que el pensar de ésta manera no es solo la realidad de lo que los medios de comunicación muestran en la capital, sino que también se replica en cada uno de nuestros espacios locales. Esto no es más que la demostración de que el Perú no es un país de sólidas tradiciones democráticas; es recién desde 1956 que las mujeres tienen derecho al voto, la democracia de competencia recién se ha podido materializar en 1962 con las primeras elecciones competitivas donde participaron 7 candidatos; de 1968 a hasta 1975 se desarrolla el primer periodo de la dictadura militar con el General Juan Velasco Alvarado, tiene un segundo periodo de 1975 a 1980 con Francisco Morales Bermúdez, en 1980 se retoman los procesos electorales en las diferentes instancias del gobierno así como en el poder legislativo.

En ese periodo, en 1956 el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso inicia un conjunto de actividades que nos llevaron a un enfrentamiento armado que la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional le atribuye haber asesinado a 31 331 muertos (54% del total de los fallecidos durante el periodo de la violencia política). Con la captura de Abimael Guzmán, líder personalista del PCP SL, el 11 de septiembre de 1992, se dio el golpe mas significativo a una ideología basada en la unificación de las leyes en la ley de la contradicción, la universabilidad de la guerra popular, el despliegue de la lucha popular del campo a la ciudad, la militarización de la sociedad como resultado del triunfo de la revolución, y la necesidad de revoluciones culturales permanentes.

Luego de 1992, se inicio un nuevo periodo nefasto de dictadura civil y sentida corrupción hasta el año 2001; es decir, nuestro pasado reciente no es el mejor escenario para la consolidación de una cultura democrática.

A partir de las medidas adoptadas por el Consenso de Washington, se implementaron en todo Latinoamérica un conjunto de políticas económicas destinadas a liberar el mercado, reducir la capacidad del Estado en la prestación de los servicios públicos, privatizar las empresas estatales, y a concesionar la extracción de nuestros recursos naturales, entre otras. Con estas medidas todos los gobiernos que se instalaron tuvieron el escenario de enfrentar el dilema de consolidar la democracia y al mismo tiempo manejar las propuestas económicas que se ejecutaban. En el caso de nuestro país aumenta la riqueza, como ente colector de recursos, pero también aumentaron las desigualdades sociales y no se llegó al bien común.

Desde nuestra particular opinión, esfuerzos por enrumbar las gestiones hacia objetivos de eliminación de la desigualdad, han existido y existen en diferentes planos de gobierno, el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, y en los gobiernos locales; sin embargo, existe una evidente separación entre quienes deciden hacer las cosas, desde el gobierno o la sociedad, y la mayor parte de la sociedad, que simplemente no participa; ante ello el gobierno es agota y se restringe a la actividad burocrática. La falta de una gestión guberamental en Cajamarca, que trabaje en función de un proyecto común de desarrollo regional, la debilidad en la respuesta frente a los problemas y necesidades de la población, pone en la escena principal una serie de omisiones y fallas que demuestran que la manera de participar del desarrollo regional no ha sido la adecuada por parte de los diferentes actores, pero sobre todo demuestra la falta de responsabilidad con la que se han manejado y se continua manejando el gobierno en nuestro departamento, desde la política de los ministerios del gobierno central, el gobierno regional y la mayoría de gobiernos locales.

Este escenario nos obliga a asumir responsabilidades y desafíos, el conflicto por el proyecto Minero Conga, nos ha dejado a los cajamarquinos y cajamarquinas en dos polos, algunos que se asumen ganadores y otros que se asumen perdedores, creo que tenemos que eliminar esa sensación, en principio debemos considerar al conflicto social, no como algo negativo o un problema ocasionado por azuzadores sociales; sino como el resultado de un fenómeno social de exclusión y vulneración sucesiva de derechos que genera justificados temores respecto al accionar de la industria minera.

Tenemos el desafío de generar un territorio gobernable que siente las bases del desarrollo regional, la historia nos ha ubicado en un escenario que nos obliga a despojemos de la sensación de ganadores y perdedores, asumiendo el deber de buscar el mínimo consenso entre todos los actores, gobierno, empresas privadas, y sociedad civil; y, empezar un proceso serio de planificación concertada para elaborar y ejecutar el ACUERDO REGIONAL: CAJAMARCA AL BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA.